Que el Estrecho de Gibraltar y todas las poblaciones de su entorno, junto con su mar territorial, se haya convertido en la zona geográfica más insegura de Europa para la entrada de cocaína y hachís, tiene su consecuencia en un problema grave de inseguridad para los ciudadanos y para las fuerzas de seguridad que tratan de impedirlo.
A la falta de personal como consecuencia de las jubilaciones y el envejecimiento de los guardias civiles, sin reposición de efectivos por la crisis económica, en los últimos años, además de la escasez de grupos especializados en la investigación, o faltos de efectivos suficientes, la impunidad o debilidad y falta de eficacia que los delincuentes organizados detectan en la fuerzas de seguridad, junto con el grave problema de desempleo, abonan el terreno a este tipo de delincuencia con graves consecuencias, no solo para la seguridad e integridad física de las personas, sino también para la seguridad nacional y el orden público.
Es por eso que, ante la cercanía de la base naval de Rota, Independientes de la Guardia Civil (IGC) considera oportuno que el Consejo de Ministros, incluso con el apoyo del Parlamento español, debería encomendar a las Fuerzas Armadas de funciones complementarias y de apoyo a la Guardia Civil para detener a los traficantes, antes de su desembarco, cuando trasladan la droga en las lanchas de alta velocidad y capacidad para lograr zafarse de la intervención policial.
El apoyo se justificaría en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, que requiere de las Fuerzas Armadas su intervención junto con las Instituciones del Estado y Administraciones Públicas, para preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo u otras necesidades públicas, conforme a la legislación. Y más concretamente le ley les encomienda la vigilancia de los espacios marítimos, como contribución a la acción del Estado en el mar, así como proteger la vida de su población e intereses.
Igual que la Guardia Civil puede realizar misiones militares encomendadas por el Gobierno, junto con las Fuerzas Armadas, deben éstas prestar apoyo a la Guardia Civil para cumplir sus funciones de seguridad ciudadana, protección del orden público, y vigilancia y persecución de los delincuentes en el mar territorial para la protección de nuestras fronteras.
Esta petición será traslada por la asociación profesional representativa de los Independientes de la Guardia Civil (IGC) a la Ministra de Defensa, al Ministro de Interior, Presidente del Gobierno y grupos parlamentarios.
Qué duda cabe que existe el riesgo de que se implanten cárteles de droga en la zona de Campo de Gibraltar, porque las mafias tradicionales de tráfico de hachís se están organizando y tienen jóvenes a sueldo.
Esta generación de narcos planta cara a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado utilizando armas de fuego contando con profesionales.
El campo de Gibraltar cuenta con graves problemas de pobreza y desempleo y estas mafias de permiten el lujo de pagar sueldos que ninguna multinacional puede pagar a sus ejecutivos.
El Estado de Derecho está perdiendo peso en la zona, entre otros motivos porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no tienen los medios ni las plantillas suficientes para abordar un problema que está creciendo por momentos en un área que debe declararse zona de especial conflictividad.
Compete al Ministerio del Interior habilitar los dispositivos necesarios para asegurar la seguridad de los vecinos y para hacer frente a la actual situación de miedo e intranquilidad.
