Decir “funcionario” es hacer referencia a aquel trabajador que, tras haber pasado una dura oposición, realiza su trabajo para una empresa u organismo del Estado (háblese por ejemplo de los sectores públicos de la educación, sanidad, interior, etc.); por tanto, decimos que es un funcionario de carrera, por el mero hecho de haber concurrido a una oposición tras un concurso de vacantes.

Decir “funcionario público” o empleado público es hacer referencia a aquel trabajador que, por designación, elección, nombramiento o selección, realiza un puesto de trabajo en el ámbito de la administración pública o de gobierno.

Dichos términos, así reseñados parece que hacen mención a una definición unitaria de “funcionario”, pero si nos adentramos bien en esos términos, encontramos una clara diferencia, la de la obtención de un puesto de trabajo elegido arbitrariamente por el administrador público (político) y la de la obtención de un puesto de trabajo mediante la preparación de una oposición, de ganar una vacante mediante un examen exhaustivo, selectivo y eliminador de quien a tu lado, consideramos un contrincante; convirtiendo al mejor preparado en el más adecuado para el desempeño de ese puesto de trabajo; actos que evidentemente no se dan en modo alguno en aquellos “empleados públicos” que designados a dedos (y sin contar con la formación y preparación adecuada) desempeñan cargos en la función pública como gestores o administradores por un periodo de tiempo determinado, que a veces por la dejadez de los políticos de turno, se convierten en perpetuos.

Esta clara diferencia sin embargo pasa inadvertida para un conjunto amplio de la población, para quienes sin duda alguna somos esos trabajadores privilegiados que contamos con un trabajo y sueldo fijo; y que sin duda alguna se ve agraviada en los tiempos de crisis económica.

Así, inmersos en situaciones de crisis económicas, los funcionarios de carrera vemos como nuestros derechos se van recortando; la pérdida de poder adquisitivo siempre se agrava mucho más para los funcionarios de carrera en tales situaciones; y así, por los políticos (empleados públicos) se llevan a cabo recortes salariales, congelaciones de sueldo y pérdida de días, que denominados “asuntos propios”, forman parte de esos derechos.

Cabe hacer mención especial a estos días de asuntos propios; y quienes los consideren como un lujo o una grave situación de desigualdad con respecto del conjunto de trabajadores de un país, están totalmente equivocados.

Los asuntos propios nacen allá por el año 1983, cuando el entonces Ministro Javier Moscoso firmó una instrucción por la que los funcionarios pasaban a obtener un nuevo derecho de disfrute de unos días como consecuencia de renunciar al incremento del IPC del 12 por ciento que el Estado no podía asumir como subida salarial. Se decidió compensar a los funcionarios con seis días de asuntos propios. En lugar de cobrar más, los funcionarios aceptaron trabajar 6 días menos y no cobrar la subida del sueldo que les correspondía; a diferencia del conjunto de ciudadanos que tras las negociaciones de los Agentes Sociales (Sindicatos) con las empresas consiguieron ese incremento salarial.

Y hoy en día nunca más justificada esa instrucción del año 1983; ya que año tras año, las subidas del IPC jamás han sido incorporadas a los sueldos de los funcionarios de carrera, por tanto, la pérdida de poder adquisitivo se ha visto agravada.

Y llegados a estos momentos, estos de dura crisis económica, es cuando el conjunto de la sociedad se revela contra el funcionario de carrera, incluyendo en el término de funcionario a aquellos otros que, sin haber opositado, sino que habiendo sido designados a dedo o políticamente, desempeñan funciones paralelas a los funcionarios de carrera; y así oír voces que se alegran del recorte económico y de días de asuntos propios, es para ellos un júbilo.

Por tanto, decir que somos vilipendiados, no es ahorrar en calificativos; pero lo grave de todo ello es que este mal trato a los funcionarios de carrera lo lleven a cabo unos “empleados públicos” que, sobrepasados por su incapacidad de gobernar bien, atajan por el camino más fácil; recortar para no perder ellos sus privilegios.

Flaco favor han hecho al conjunto de la sociedad, primero por habernos llevado a una situación que cuanto menos podría ser previsible, y segundo por haber arrastrado al fango de su incapacidad a los funcionarios de carrera para paliar sus desaguisados.

Corrupción es la palabra que hoy en día más aparece en los medios de comunicación; una corrupción que salpica por igual a los dirigente políticos, da igual del signo que sean y las siglas a las que representen; porque unos y otros, al decir que actúan para y por el servicio público en nombre del pueblo español en quien reside la soberanía nacional, no hacen sino faltar a su palabra,  poner de manifiesto su incapacidad de gobernar y la falta de ideas para salir de situaciones a las que ellos mismos nos han arrastrado.

Existe un gran malestar entre el sector público (funcionarios de carrera), un malestar que se ha puesto de manifiesto una y otra vez con las manifestaciones públicas llevadas a cabo en las calles de la amplia y ancha geografía nacional, en contra de una política de recortes de derechos que nunca han tenido parangón igual en otros gobiernos; maestros, médicos, enfermeras, bomberos, policías, empleados de hacienda, y de los distintos ministerios, han dicho “basta ya”.

No obstante el gobierno desoye a los profesionales, a quienes saben cómo han de gestionarse las cosas bien y a un coste razonable; les ha primado a los políticos su bajeza moral y la fuerza de la sinrazón; ello les pasará factura, porque sin duda alguna, el mejor castigo que se les puede dar es llevarlos al más puro ostracismo, alejarlos, excluirlos de la comunidad de forma permanente para que sus incapacidades no puedan afectarnos a otros; y dar paso a otros que sepan dar soluciones a los problemas.

Gabriel Retamar.

Secretario General Nacional de Alternativa Sindical de Policía.